Artículo especial
Evaluación del impacto del nuevo marco legal sanitario sobre los inmigrantes en situación irregular en España: el caso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humanaAssessment of the impact of the new health legislation on illegal immigrants in Spain: The case of human immunodeficiency virus infection

https://doi.org/10.1016/j.eimc.2012.07.004Get rights and content

Resumen

La población inmigrante en España, en situación regular o no, ha tenido derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles desde el año 2000. La entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012 de 20 de abril ha restringido significativamente este derecho, de manera que los extranjeros no autorizados ni registrados como residentes solo podrán recibir atención en caso de urgencia si son menores de 18 años o mujeres embarazadas. Se estima que hay 459.909 inmigrantes en situación irregular en nuestro país, de los que de 2.700 a 4.600 estarían infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de 1.800 a 3.220 conocerían su infección y de estos el 80% recibiría tratamiento antirretroviral. Los efectos del Real Decreto pueden tener múltiples consecuencias indeseables en esta población infectada por el VIH: aumentar la mortalidad, favorecer la aparición de enfermedades oportunistas, incrementar los ingresos hospitalarios, facilitar las infecciones en la población (por el VIH y por otros patógenos) o favorecer la transmisión maternofetal del VIH. El incremento esperable de la morbimortalidad supondrá un mayor coste en la atención de los pacientes, coste que se verá incrementado aún más en los sujetos más inmunodeprimidos. Por tanto, la aplicación del Real Decreto supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, y muy especialmente en la de los pacientes infectados por el VIH que queden desatendidos, aumentando los gastos sanitarios a medio-largo plazo y alejándonos de los objetivos de salud internacionalmente asumidos.

Abstract

The immigrant population in Spain, whether legal or not, has been entitled to healthcare under the same conditions as the Spanish population since the year 2000. The entry into vigour of the Royal Decree-Law 12/2012 of 20 April has significantly restricted this right, so that unauthorized or non-resident foreigners may now only receive emergency care, if they are under 18 or pregnant women. Out of an estimated 459,909 illegal immigrants in our country, 2,700 to 4,600 are probably infected with HIV; 1,800 to 3,220 know that they are infected, and 80% of the latter could receive antiretroviral treatment. The Royal Decree-Law is likely to cause many undesirable consequences in this population infected with HIV: increasing mortality, promoting the emergence of opportunistic diseases, increasing hospital admissions, increasing infections in the population (by HIV and other pathogens), or contributing to mother to child transmission of HIV. The expected increase in morbidity and mortality will be a greater cost in patient care, a cost which will be significantly higher in the more immunosuppressed patients. Therefore, the enforcement of the Royal Decree-Law will be much less cost-effective in the short term than was expected, and will negatively affect our country's public health, especially for those patients infected with HIV who will not be covered, thus increasing healthcare medium to long term costs, and moving away from the international health goals that were established.

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Introducción

La inmigración ha sido uno de los fenómenos que más ha transformado la sociedad española en los últimos 20 años. Los flujos migratorios han provenido principalmente de Europa, África y Latinoamérica, y los inmigrantes representan en la actualidad el 12,1% de la población española1, proporción similar a la de otros países europeos clásicamente receptores de inmigrantes. Es importante destacar que este proceso se ha desarrollado hasta el momento sin que se hayan producido grandes tensiones

¿Es mayor el uso que hacen los inmigrantes del sistema sanitario y los servicios sociales que la población autóctona?

Desde el inicio de la crisis actual a finales de 2007 y como consecuencia del incremento del desempleo y los recortes sociales se ha empezado a cuestionar el papel de la inmigración, tanto de la llegada de nuevos inmigrantes como de los ya establecidos, en la sostenibilidad de las prestaciones públicas. Por tanto, se hace necesario analizar de forma rigurosa el impacto real de los inmigrantes como beneficiarios de los servicios sociales y sanitarios, así como su contribución al estado de

¿Cuáles son las características clinicoepidemiológicas y la respuesta al tratamiento de los inmigrantes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en nuestro país?

Hasta el año 1997 la población inmigrante representó menos del 3% de todos los casos de sida diagnosticados en España23. Desde entonces ha ido aumentando progresivamente, y en el año 2010 esa proporción fue del 27% (41% procedentes de Latinoamérica y 27% de África). De forma paralela, entre los nuevos diagnósticos de infección por el VIH la proporción de inmigrantes ha aumentado23 hasta situarse en el 35,7% en el año 2010, aunque en términos absolutos el crecimiento no ha sido tan marcado (de

¿Cuántos inmigrantes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana podrían quedar desatendidos con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012?

El número de inmigrantes irregulares en nuestro país es difícil de estimar, debido precisamente a la naturaleza de su situación, en ocasiones a la desconfianza de algunos colectivos en prestar información que pudiera ser utilizada en su contra, o por el desconocimiento de los trámites legales. El avance del padrón a 1 de enero de 2012 cifra en 5.711.000 el número de ciudadanos extranjeros1. El trámite para empadronarse se realiza en los ayuntamientos y es independiente de que la residencia esté

¿Qué consecuencia tendría la medida para las personas afectadas y sobre la morbimortalidad por el virus de la inmunodeficiencia humana/sida?

La interrupción del tratamiento se relaciona con un rápido incremento de la carga viral y un descenso gradual del recuento de linfocitos CD4+, tanto más rápido cuanto más bajo hubiera sido la cifra de linfocitos CD4+ antes de iniciar el tratamiento69, 70, 71. Esta interrupción se asocia a un incremento de la morbimortalidad70.

En el estudio SMART69, los pacientes con linfocitos CD4+ superiores a 350 células/μl que interrumpían el tratamiento hasta que el recuento de linfocitos CD4+ descendía por

¿Qué consecuencias tendría desde el punto de vista de la salud pública?

En septiembre del año 2000, siendo presidente del gobierno D. José María Aznar, España firmó en las Naciones Unidas la Declaración del Milenio74, que se concretó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para erradicar la pobreza. El sexto de dichos objetivos se refiere al compromiso de «lograr el acceso universal al tratamiento del VIH/sida de todas las personas que lo necesiten»75. Es evidente que la nueva normativa supone un retroceso en la consecución de dicho objetivo y un claro

¿Qué consecuencias tendría en el gasto?

El gasto derivado de la atención ambulatoria a los pacientes con infección por VIH se concentra mayoritariamente en el coste de los antirretrovirales13. Con un coste por paciente y año de unos 8.500 euros81 y estimando un 80% de pacientes en tratamiento, el ahorro directo en antirretrovirales eliminando esta prestación para los pacientes inmigrantes en situación irregular en el momento actual oscilaría entre 12.240.000 y 21.896.000 euros. Sin embargo, esta medida conlleva una serie de gastos

Conclusiones

La aplicación del Real Decreto-ley 12/2012 de 20 de abril a una población con una enfermedad crónica, transmisible y con evolución habitualmente mortal sin tratamiento, como es la infección por VIH/sida, supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo, por los gastos adicionales que genera e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, incrementando la mortalidad por sida y la morbilidad por enfermedades transmisibles, aumentando los gastos sanitarios a

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

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      The use of health and preventive services has been proven to play a major role in the access to testing for HIV and HCV. The exclusion of irregular immigrants from the National Healthcare system in Spain since September 2012 (Pérez-Molina & Pulido Ortega, 2012) may jeopardize foreign-born PWID access to treatment and medical care, making tests less available (Hoyos et al., 2013) and discouraging PWID from seeking medical care for fear of legal consequences of drug use. That's why harm reduction resources, such as supervised injecting facilities and needle exchange programmes, are essential points of contact with foreign-born PWID (Barrio et al., 2012).

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      This lack of consistency may have additional adverse consequences, as healthcare exclusion affects both individuals and general population. Denying access to healthcare for undocumented migrants can contribute to increase public health risks of infectious diseases [28,29]. Revoking healthcare coverage of undocumented migrants was one of the urgent measures of RDL 16/2012, which purportedly aimed at cutting healthcare costs for the sustainability of the SNHS, in the context of an economic crisis.

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    La composición del comité de expertos se detalla en el anexo 1.

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