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Vol. 24. Núm. 4.
Páginas 366 (Julio - Agosto 2010)
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Páginas 366 (Julio - Agosto 2010)
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DOI: 10.1016/j.gaceta.2010.05.002
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Ortún V. (Dir.). El buen gobierno sanitario. Madrid: Springer Healthcare Communications Iberica SL; 2009. 104 p. ISBN 978-84-937496-1-3.
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Anna García-Altésa,b
a Division of Health and Social Care Research, King’s College University & London School of Economics, UK
b Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud, Badalona, España
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No hay buenas noticias: según los indicadores de buen gobierno elaborados por el Banco Mundial, España obtiene malas calificaciones en las dimensiones de efectividad gubernamental y control de la corrupción; según Transparency International, estamos por detrás de países como Chile, Uruguay, Estonia, Eslovenia o Israel. Además, la investigación empírica muestra que el buen gobierno no está directamente relacionado con la salud de los individuos, pero influye en la salud de manera indirecta mediante una mayor renta y un sistema sanitario de mejor calidad.

La introducción y el primer capítulo de El buen gobierno sanitario nos alertan sobre estos datos, y son el espolón que pica nuestra curiosidad intelectual y nos invita a seguir leyendo y tomar cartas en el asunto. En los siguientes capítulos, Ricard Meneu, Jordi Colomer y Juan Gérvas hacen un repaso a los marcos teóricos sobre evaluación del buen gobierno, desgranan los problemas actuales y hacen propuestas realistas de mejora para el sistema, las organizaciones y la práctica clínica, respectivamente. El libro concluye con una reflexión de Vicente Ortún y María Callejón sobre la deseable compatibilidad entre el estado de bienestar y la mejora de la productividad, y sobre cómo el buen gobierno puede ayudar a ello, y con una revisión crítica de Norma Padrón sobre los marcos y modelos de gobernanza.

Todos los autores coinciden en la necesidad de cambios en la normativa electoral y la financiación de los partidos, de modo que, entre otras cosas, se ponga límite al botín electoral que se traslada a la administración y es causa de desgobierno. Pero también coinciden en la necesidad de hacer cumplir la legislación vigente, aumentar la representatividad social de los procesos de toma de decisiones, y profesionalizar –y despolitizar-los cargos de gestión, y todo esto sobre una base ineludible de información, transparencia y responsabilidad a todos los niveles.

Los éxitos futbolísticos de la selección española producen más orgullo que la menos que discreta trigésimo segunda posición que el país alcanza en el Corruption Perceptions Index (CPI). Podemos alegrarnos de que en el extranjero sólo nos conozcan por el sol y las tapas; sería más preocupante que se supiese que en una década (1998-2007) la puntuación de nuestra efectividad gubernativa se redujo en un 41%1. Actualmente, una proporción importante de la población española ha nacido o ha vivido la mayor parte de su vida en democracia; la proporción de población con estudios universitarios es más elevada que nunca; y hay un gran número de personas que tienen la posibilidad de viajar y conocer otras sociedades, otras costumbres y otras reglas de juego sociales. Dar el siguiente paso en la profundización de la democracia es inexorable si no queremos quedarnos muy atrás (en democracia, en transparencia, en competitividad, en productividad, en sostenibilidad del sistema) en Europa y en el mundo, y la responsabilidad es de todos: partidos políticos, instituciones y, sobre todo, ciudadanía. Este libro da una magnífica cuenta de ello.

Bibliografía
[1]
D. Kaufmann, A. Kraay, M. Mastruzzi.
Governance matters VII: governance indicators for 1996–2007. Policy Research Working Paper 4654, The World Bank, (2008),
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