Cada vez se dedican más recursos a investigación en todo el mundo. En España, aunque la inversión en investigación es menor que la media de los países europeos1, la tendencia a largo plazo es que estos recursos aumenten. Con el incremento de los recursos dedicados a la investigación, se espera que aumente el número de investigaciones y de publicaciones científicas, y en consecuencia las prácticas no éticas o cuestionables en investigación y difusión de resultados2. El peso que se da en muchas convocatorias públicas al número de publicaciones de los candidatos podría influir en un comportamiento indebido.

Las prácticas no éticas en investigación incluyen, pero no se limitan a ella, la mala conducta científica. La mala conducta científica es un término amplio que, además de incluir violaciones de los principios éticos en investigación, engloba falsificación y fabricación, conflictos de intereses no declarados, problemas de autoría, plagio, ocultación de resultados económicamente perjudiciales para alguna industria, publicación duplicada o falta de reproducibilidad de lo publicado, entre otros3. Las causas de estos comportamientos no éticos pueden ser múltiples: falta de formación en ética en pregrado y posgrado, presiones para publicar, afán de notoriedad o de enriquecimiento personal, intereses económicos o simplemente narcisismo.

Los ejemplos de mala conducta en la literatura científica son cada vez más frecuentes, más mediáticos y con más repercusiones poblacionales, como la aprobación y el uso del rofecoxib en el año 1999, el caso Wakefield en 1998 y más recientemente el caso Surgisphere en 2020. Algunos afectaron a cientos de miles de personas e incluso impactaron en las políticas sanitarias, y otros afectaron solo a la credibilidad de un científico, pero todos ellos menoscaban la credibilidad de la ciencia ante la sociedad.

Los estudios indican que la incidencia de conductas no éticas en investigación está creciendo. En los últimos 20 años, la mala conducta científica se ha situado como la causa principal de retractación de artículos biomédicos, desbancando al error no intencionado4,5. Igual de preocupante es el hecho de que la retractación de artículos, mecanismo por el cual la literatura científica se corrige, no evita que los resultados de investigaciones erróneas o fraudulentas se continúen difundiendo6.

En este contexto, cada vez son más los países que están creando oficinas de ética en investigación encargadas de velar por que los científicos obren con rectitud en la realización y la difusión de sus investigaciones. En los Estados Unidos se creó la U.S. Office of Research Integrity (ORI), que además de ser un órgano consultivo supervisa investigaciones institucionales en los casos en que se sospecha mala conducta científica, e impone sanciones a los investigadores si se prueba que han cometido mala conducta. Actualmente, en Europa no hay ningún organismo similar a la ORI 7, pero 14 de los 46 países europeos han creado un comité ético nacional cuyas funciones principales son promover la integridad científica y actuar como un órgano consultor, y seis de ellos también tienen autoridad para investigar, pero ninguno puede imponer sanciones.

En España no hay un organismo nacional encargado de supervisar científicamente las fases de ejecución, análisis y publicación de las investigaciones biomédicas desde un punto de vista ético. Existen los Comités Éticos de Investigaciones Clínicas, pero tienen una función diferente, ya que tratan fundamentalmente de proteger los principios éticos de los participantes en investigaciones en humanos. Por otro lado, la Ley de Ciencia y Tecnología del año 20118 menciona la creación de un Comité Español de Ética de la Investigación. Sin embargo, en caso de crearse dicho comité, sería de carácter consultivo y no ejecutivo. Por su parte, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuenta con un Comité de Ética, pero solo actúa en investigaciones científicas llevadas a cabo en el marco del CSIC.

En este momento nos encontramos con que las entidades que financian la investigación en el ámbito nacional, además de todos los organismos autonómicos financiadores de investigación, no cuentan con un órgano supervisor de la buena conducta científica de los investigadores que tenga capacidad ejecutiva. Cabe destacar que las entidades mencionadas financian investigación con fondos públicos, pero buena parte de la investigación en nuestro país es financiada por la industria privada1, que también debería ser objeto de actuación de una potencial oficina de ética.

Generalmente, las propias instituciones y las universidades a las que los autores están afiliados son las encargadas de llevar a cabo la investigación si se sospecha mala conducta científica. Esto es problemático por varias razones. Por un lado, es posible que estas instituciones no cuenten con los recursos necesarios para realizar la investigación. Por otro, dichas investigaciones pueden no ser transparentes y podría haber algún tipo de influencia o conflicto de intereses. De hecho, las universidades y las instituciones son parte interesada en que no se difunda una potencial mala conducta científica de los académicos afiliados a ellas. Además de sancionar al investigador que ha cometido mala conducta científica, las instituciones tienen el deber de dar a conocer públicamente el caso, poniendo sobre aviso a la comunidad científica y a posibles futuros empleadores sobre las acciones no éticas de dicho investigador. Sin embargo, esto no siempre se hace. Recientemente ha salido a la luz que la U.S. National Academy of Medicine expulsó a un miembro por mala conducta científica, pero tanto la expulsión como su causa se trataron de manera confidencial por parte de la institución y sus miembros, y no se difundió públicamente9.

Debido a estas razones, es posible que las instituciones que emplean a un investigador que ha cometido mala conducta no sean las entidades idóneas para llevar a cabo dichas investigaciones. Un ejemplo de esto tuvo lugar en Suecia en el año 2015, donde un cirujano que había sido acusado de mala conducta científica fue absuelto por su institución, el Instituto Karolinska de Estocolmo, en tres ocasiones. Tras esto, una investigación independiente descubrió que había cometido mala conducta, lo que hizo que los procedimientos de la institución se considerasen defectuosos10. Así, salieron a la luz pública las debilidades que presentaban las investigaciones realizadas en esa institución.

Aunque la mala conducta científica se asocia principalmente a países como los Estados Unidos y China, en España también ha habido casos y algunos recibieron mucha atención por parte de los medios de comunicación, y por tanto de la sociedad, exponiendo así las brechas existentes en la integridad científica en nuestro país. Según la base de datos Retraction Watch (www.retractiondatabase.org), se han retractado 325 publicaciones de autores afiliados a instituciones españolas, lo que supone que se han retractado 5 publicaciones de cada 1000 correspondientes a autores españoles. De estas, 84 fueron retractadas por fabricación, falsificación o plagio. Algunos casos fueron muy mediáticos, como la reciente acusación a un rector de una universidad pública por haber cometido plagio en serie durante años, o el caso de una bióloga que cuenta con cinco artículos retractados por duplicación y manipulación de imágenes11. Sin embargo, aunque en estos casos hubo consecuencias para los autores, probablemente por tratarse de casos muy mediáticos, es posible que la mayoría de los investigadores que cometen mala conducta científica no se enfrenten a ningún tipo de sanción ni consecuencia. Por otra parte, los casos de mala conducta flagrante o reiterada son mucho más fáciles de identificar que aquellos en que los autores cometen mala conducta de forma aislada.

Teniendo en cuenta el contexto español y europeo, consideramos que existe un espacio muy importante que cubrir por parte de una oficina que supervise la conducta en las investigaciones financiadas con fondos públicos en España, y que actúe, de forma independiente, frente a los casos de mala conducta detectados, proponiendo sanciones públicas. Además, esta oficina no se limitaría a investigar y sancionar, sino que asumiría una labor educativa enfocada a investigadores y estudiantes, principalmente de ciencias de la salud, con el objetivo de promover las buenas prácticas en investigación biomédica. Por otro lado, esta oficina podría tener un efecto disuasorio sobre una potencial mala conducta. Esto podría prevenir casos de mala conducta científica y reducir los costes derivados, que se estiman en más de 360.000 euros por cada artículo retractado12. La existencia de dicho organismo sería de especial importancia en el caso de las investigaciones financiadas con fondos públicos. Si bien es cierto que las entidades financiadoras supervisan que la ejecución del gasto se adecúe a los recursos solicitados y al cronograma propuesto, no entran en detalles que tengan que ver con una mala conducta científica.

Por lo tanto, las principales funciones que debería tener la oficina se describen en la tabla 1 y se podrían resumir en promoción de la integridad científica y actuación frente a la mala conducta científica. Las funciones que se proponen son amplias, y tras la puesta en marcha de la oficina sería imprescindible evaluar las debilidades y fortalezas que presentan, con el fin de precisar más estas funciones.

Dicha oficina pertenecería al Ministerio de Ciencia, siendo a su vez independiente de este, con un mandato preferiblemente limitado a 6 años para blindarse frente a vaivenes políticos. Debería tener una composición multidisciplinaria, con representación de las entidades que más fondos destinan a financiar investigaciones científicas, además de expertos en mala conducta científica. Sería imprescindible la constitución de un comité ejecutivo cuya función sería la toma de decisiones tras las investigaciones pertinentes de los hechos, y que sería el encargado de comunicar la decisión a las entidades implicadas en cada caso y a los propios investigadores (fig. 1).

Figura 1.

Posible organigrama y mecánica de actuación de una oficina de integridad científica en España.

(0,12MB).

La comunidad científica siempre ha sido muy respetada por parte de la sociedad. De hecho, los científicos se encuentran entre los profesionales más valorados por la ciudadanía. Sin embargo, en los últimos años se han ido sucediendo casos notables de mala conducta científica, lo cual puede cambiar la imagen pública de la ciencia y de los científicos, al igual que su credibilidad. Todos los casos de mala conducta científica menoscaban la confianza de una sociedad a la que, en último término, se rinden cuentas por los fondos públicos recibidos para investigar. Por esto, es imprescindible que España cree una oficina nacional independiente que se encargue de los distintos aspectos relacionados con la mala conducta y la integridad científica. Dicha oficina monitorizaría la mala conducta científica y llevaría a cabo investigaciones, con el objetivo de que los casos en que se sospeche mala conducta científica se traten de una manera justa, rápida, transparente y libre de conflictos de intereses.

Además de la creación de dicho organismo, sería de gran interés fomentar el desarrollo de normas éticas en las instituciones que gestionen investigaciones, incluyendo los programas de doctorado, las agencias financiadoras e incluso las revistas científicas. Cabe destacar que, en este sentido, la revista Gaceta Sanitaria fue pionera en España con la redacción de sus normas éticas que afectaban al modo de actuación de personas autoras, editoras y propietarias de la revista13. Otras revistas científicas están siguiendo los mismos pasos y han desarrollado sus propias normas éticas, como Revista Española de Salud Pública. Por otro lado, la proliferación de grupos y de investigadores vigilando la ética en investigación supone un cambio cultural relevante en España. Aunque por el momento son pocas las entidades de nuestro país que se han implicado activamente en la prevención y la detección de la mala conducta científica, se espera que aumente la concienciación sobre este problema y las consecuencias que supone para la credibilidad de la comunidad científica.

Clara Bermúdez Tamayo.

A. Ruano-Ravina y M. Pérez-Ríos concibieron la idea. C. Candal-Pedreira redactó el primer borrador del manuscrito. C. Álvarez-Dardet participó en la redacción crítica del manuscrito y en la estructuración de los resultados. Todas las personas firmantes han revisado críticamente las distintas versiones del manuscrito realizando contribuciones intelectuales y han aprobado la versión final.

Este trabajo forma parte de la tesis doctoral de Cristina Candal-Pedreira, que ha recibido una beca PFIS (número de referencia FI21/00149) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Uno de los autores (C.A.D.) forma parte del comité editorial de Gaceta Sanitaria, pero no ha participado en el proceso editorial del manuscrito.