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Impacto económico de una implantación plena del Plan de Choque en Dependencia 2021-2023 en España
The impact of a full implementation of the Action Plan on Dependency 2021–2023 on the Spanish economy
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2033
Cruz Ramírez-Pérez
Corresponding author
cruz.ramirez@urjc.es

Autora para correspondencia.
, Angeles Cámara
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España
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Tabla 1. Datos del Sistema de Ayuda y Atención a la Dependencia a 31/12/2021
Tabla 2. Proyección de la demanda del Sistema de Ayuda y Atención a la Dependencia en el año 2023
Tabla 3. Distribución de la inversión del Plan de Choque en el año 2023 (millones de €)
Tabla 4. Distribución del gasto de los hogares de mayores de 65 años (millones de €)
Tabla 5. Impacto en producción, en valor añadido bruto (millones de €) y en empleo (tiempo completo equivalente)
Tabla 6. Sectores más impacto: producción, valor añadido bruto (millones de €) y empleo (tiempo completo equivalente)
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Resumen
Objetivo

Valorar el impacto económico de la implantación del Plan de Choque en Dependencia (PCD), que representa la primera respuesta del gobierno de España ante las significativas carencias que la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto en los Servicios de Dependencia. El PCD establece como prioridades la eliminación de las listas de espera, la mejora de los servicios priorizando la atención en domicilio, y la profesionalización y la estabilización del empleo en el sector.

Método

Para cumplir este objetivo se ha realizado una estimación del incremento de demanda de prestaciones y servicios en 2023, suponiendo que se cumplen las actuaciones que el PCD establece como inmediatas en el momento de su firma en 2021, para después, mediante una modelización multisectorial, cuantificar el impacto de las inversiones públicas requeridas, analizando no solo el impacto económico directo en los sectores económicos implicados en la dependencia, sino también los impactos indirectos e inducidos sobre la economía en su conjunto.

Resultados

Los requerimientos de inversión pública para el año 2023 serán de 13.962 millones de euros, cifra cercana al 1% del producto interior bruto, con un impacto en la economía en términos de producción de 41.570 millones, un valor añadido bruto de 21.046 millones y la creación de unos 440.000 empleos.

Conclusiones

Se pone de manifiesto que cumplir el PCD requiere un aumento del compromiso de financiación pública, más allá de las inyecciones puntuales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas inversiones tienen un impacto económico positivo en el conjunto de la economía del país, y no solo en el sector de servicios sociales.

Palabras clave:
Cuidados de larga duración
Bienestar social
Abstract
Objective

To assess the impact on the economy of the implementation of the Action Plan on Dependency (APD), devised by the Spanish government as a first measure to tackle the major shortages in Dependency Services brought to light pursuant to COVID-19 pandemic. The APD establishes as priority areas the suppression of waiting lists, the improvement of dependency services, with a focus on home-care, and the professionalization and stabilization of employment.

Method

To achieve this goal, first, an estimate of the increased demand for benefits and services in 2023 has been carried out, supposing that all the priority measures established in the PCD in 2021 are fully implemented. Then, the impact of investment on the economy has been measured using multisector modeling. This analysis considers not only the direct economic impact on the sectors providing services to dependent population, but also the indirect and induced impact on the economy as a whole.

Results

The total public investment required for the plan in 2023 will reach 13,962 million Euro, which represents around 1% of the GDP. The impact on the economy in terms of production is expected to reach 41,570 million, while the impact on gross value added will be 21,046 million, together with the creation of nearly 440,000 jobs.

Conclusions

The results reveal that, for the APD to be fully implemented, public funding needs to be increased way beyond the occasional allocation of funds established in the Recovery, Transformation and Resilience Plan. These investments have a positive impact not only on the social and welfare sector, but also on the country's economy.

Keywords:
Long-term care
Social welfare
Full Text
Introducción

El efecto de la pandemia de COVID-19, con especial incidencia en las residencias de mayores, aceleró el debate sobre la revisión de los estándares en los que se encontraba el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España, tanto en lo referente a los niveles de cobertura como a los estándares de calidad de los servicios y los programas de financiación, que ya venían demandando los distintos actores implicados.

En este contexto, el Plan de Choque en Dependencia (PCD) para los años 2021-20231 establece como objetivos reforzar la atención a las personas dependientes y transformar el modelo de cuidados de larga duración, para transitar hacia un modelo desinstitucionalizado, con la atención centrada en la persona y el desarrollo de servicios comunitarios y de atención domiciliaria. Alguno de estos objetivos se podrá financiar, en parte, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que en su componente 22 está dedicado a la modernización de las políticas de cuidados y de los servicios sociales, para lo que se compromete un plan de inversiones de 2100 millones de euros distribuidos en tres pagos, para la desinstitucionalización, equipamientos y tecnología2.

Para contextualizar la situación del SAAD, al cierre del ejercicio 2021 había 1.222.142 beneficiarios con prestaciones, de los cuales el 64% eran mujeres y el 36% hombres, con un gasto certificado público de 9704 millones de euros en 20213, que aproximadamente representa el 0,8% del producto interior bruto. En lo referente al empleo, según los datos de la Encuesta de Población Activa4, el sector de cuidados de atención residencial ha crecido de forma constante en los últimos años, pasando de un 0,9% en el año 2007 a un 1,7% en el año 2020, con 324.000 ocupados, al que se pueden agregar 255.000 más del sector de los servicios sin alojamiento.

La gestión de la pandemia de COVID-19ha revelado graves deficiencias del SAAD y ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar las dotaciones financieras y de recursos. Se recomienda elaborar planes de medicalización de las residencias, así como una mejora de la profesionalización del personal y planes de coordinación sociosanitarios5. Otro de los objetivos del Plan es redimensionar y modernizar las residencias, limitando el número de plazas a entre 60 y 120 según estén en zonas rurales o en ciudades, organizadas en unidades de convivencia de 15 residentes. En caso de personas con discapacidad, el máximo se fija en 50 plazas6.

Todos estos temas se han tenido en cuenta, sin duda, para la elaboración del PCD1 y para establecer las prioridades de actuación. El Plan contempla un aumento de la financiación del SAAD por parte de la Administración General del Estado para los 3 años, destinada a reducir de manera prioritaria las listas de espera (véase la tabla 1 del Apéndice online) y los tiempos de tramitación de los servicios, mejorar las condiciones laborales y la profesionalización de los trabajadores, y profundizar en la atención domiciliaria frente a la institucionalización.

A continuación, se presenta una revisión de la literatura reciente de interés sobre el tema abordado y que pone de manifiesto los distintos retos a los que el SAAD se ha enfrentado desde su puesta en marcha y que el PCD pretende reconducir.

La necesidad de profesionalización del sector es una constante desde la primera fase de implantación de la Ley de 2006, con estudios que mostraban que un 80% de los dependientes reciben cuidado informal además de alguna prestación de dependencia, lo que incrementa la probabilidad de que la prestación asignada sea económica, frente a un servicio7. Otros trabajos denuncian que el cuidado informal implica un importante ahorro de recursos públicos8. Esta situación es especialmente problemática en el caso de los pacientes con Alzheimer, que representan el 19% del gasto anual en dependencia9. Actualmente, las prestaciones económicas para cuidados familiares suponen el 32,29% de las prestaciones, a pesar de que desde 2015 han experimentado un decremento medio del 2,59% anual (véase la tabla 2 del Apéndice online).

Los problemas de financiación también han sido abordados desde distintos enfoques; por ejemplo, las diferencias del nivel de financiación en función de la comunidad autónoma10, los tiempos de respuesta y el nivel de copago del beneficiario de la prestación11, mientras otros analizan los aspectos más controvertidos en cuanto a los problemas de financiación tras la reforma de 201212. En este contexto, el presente trabajo parte del Gasto Certificado público de 2021, que incluye el nivel mínimo de protección, el nivel mínimo acordado y el nivel adicional de protección (los dos primeros son responsabilidad de la Administración General del Estado y el último lo es de las comunidades autónomas).

Para estimar las inversiones necesarias para la implantación plena del PCD es necesario conocer los costes de las prestaciones. En este campo, Sosvilla y Moral13 ofrecen una estimación de las personas dependientes por grado y nivel para el periodo 2007-2045, así como del coste asociado a su atención. Gutiérrez et al.14 analizan el problema de satisfacer una demanda creciente de protección, a un coste mínimo, y desarrollan cuatro escenarios para analizar la evolución de las variables, especialmente gasto público y empleo. Salinas-Rodríguez et al.15 relacionan los costes de dependencia y la atención médica. A su vez, otros autores16,17 analizan el coste del SAAD y cómo el copago se configuró, tras la reforma de 2012, en una fuente importante de financiación de los servicios de dependencia por encima de los niveles fijados inicialmente en la ley de 2006.

Por último, queremos destacar tres trabajos con un enfoque similar al presente. Bermejo et al.18 valoraron la creación de empleo generada tras la reforma realizada en 2012 y obtuvieron una estimación de los empleos creados por prestación de servicios y asociados a las prestaciones económicas. Alonso-Trujillo et al.19 también evaluaron el impacto del SAAD con un enfoque multisectorial en Andalucía (2016-2020). Por su parte, Del Pozo et al.20 analizaron el impacto de la atención a la dependencia en España, con la pretensión de mostrar que el gasto público en cuidados de larga duración no se debe interpretar solo como un gasto público, sino también como generador de valor añadido y empleo.

Tras la revisión realizada se constata que, si bien existe literatura académica sobre valoraciones de impacto del SAAD, no existen estudios que estimen los efectos de las medidas contempladas en el PCD en términos de producto interior bruto, empleo y valor añadido bruto (VAB), que es el objetivo de este trabajo. Para conseguirlo, se necesita previamente estimar el incremento de la demanda de servicios asumiendo que para 2023, último año del PCD, se cumplen las acciones inmediatas comprometidas en su firma.

Para cumplir estos dos objetivos, este artículo se compone de cuatro partes. Tras esta introducción y revisión de la literatura, se describe la metodología aplicada. A continuación, el apartado de Resultados se divide en dos subapartados: el primero dedicado a la estimación del incremento de la demanda y el segundo a cuantificar los impactos que ese incremento de demanda, analizado a través de la inversión pública, va a representar en términos de producción, VAB y empleo. Por último, se presentan la discusión y las principales conclusiones.

Método

El impacto económico se estima a través de una modelización multisectorial, que permite obtener tanto los impactos directos, sobre las ramas que ofertan los servicios demandados, como los impactos indirectos, debidos a los incrementos en la demanda intermedia de estos sectores al resto, y los impactos inducidos, debidos al aumento de la renta de los consumidores.

Estos modelos se han utilizado ampliamente durante las últimas décadas, destacando por su carácter metodológico los trabajos de Lahr y Dietzenbacher21 y de Miller y Blair22. Esta metodología permite analizar el efecto de un impacto económico desde la demanda final (puede ser a través del consumo, de la inversión o de las exportaciones) en cada uno de los sectores que componen la economía.

El modelo input-output utilizado consiste en un sistema de ecuaciones lineales, cada una de las cuales describe la distribución de los productos de una industria en toda la economía. Por lo tanto, la producción total de cualquier sector puede expresarse como la suma de las transacciones con el resto de los sectores y las transacciones a través de la demanda final. De este modo se obtiene la siguiente ecuación matricial que permite obtener el output total (Xn) de un sector n:

donde xnj es el consumo intermedio que hace el sector j de productos del sector n, y Dn es la demanda final total de la producción del sector n. Definiendo los coeficientes técnicos (aij) como la relación entre el consumo intermedio (xij) y el output total sectorial (xj) (aij=xij/xj), la ecuación (1) se transforma en:

expresada matricialmente como:

y usando diferencias finitas, los cambios en la producción sectorial se obtienen como:

donde ΔDn contiene los cambios en la demanda final, ΔXn refleja los cambios en el output sectorial y (I−Ann)−1 es la matriz inversa de Leontief o matriz de multiplicadores, en la que cada elemento lij muestra el cambio en el output del sector i si el sector j experimenta una variación unitaria de su demanda final, siendo Ann la matriz de coeficientes técnicos (aij).

Este modelo asume que todos los componentes de la demanda final son exógenos. No obstante, los consumidores reciben renta como retribución a sus dotaciones de capital y trabajo, que gastarán en la adquisición de bienes y servicios. Para reflejar el impacto de los cambios en la renta de los consumidores (el llamado «impacto inducido») se extiende el modelo anterior, endogenizando el consumo de los hogares.

Para ello, en la matriz Ann se incluye el sector de las economías domésticas, añadiendo una columna que representa el consumo de cada sector i por unidad de renta CiVAB, siendo Ci el consumo total en el sector i y VAB el valor añadido bruto total; y añadiendo una fila que representa la renta doméstica directamente generada al obtener una unidad del sector jVABixi, siendo VABi el valor añadido bruto del sector i y xi el output total del sector i. Esta nueva matriz permite obtener el impacto inducido mediante la siguiente ecuación matricial:

Además del impacto en la producción, estos modelos permiten obtener el impacto sobre otras macromagnitudes, como pueden ser el empleo y el valor añadido.

Para obtener el impacto sobre el empleo se incluyen los coeficientes de empleo por rama Eixi (empleo por unidad de producción):

Del mismo modo, se incluyen los coeficientes de VAB VABixi (VAB por unidad de producción):

La base de datos utilizada en la modelización es la tabla simétrica input-output de la economía española para el año 201523, agrupada en 41 sectores de actividad. Todos los datos utilizados se obtienen de fuentes oficiales. Estas fuentes muestran que existe una variedad entre comunidades autónomas, ciudades y zonas rurales, que es particularmente notoria en determinados indicadores. Se han obviado por tratarse de un estudio con datos macro, tomándose siempre los datos de ámbito nacional (véase la tabla en el Apéndice online).

ResultadosEstimación de la demanda de prestaciones en 2023

Para esta estimación se toman como referencia los últimos datos disponibles (al cierre de 2021) sobre el número de beneficiaros y los tipos de prestación recibida (tabla 1). En relación con el coste medio de los servicios, también se ha partido de los últimos datos disponibles, en este caso a cierre de 202024 (véase la tabla en el Apéndice online).

Tabla 1.

Datos del Sistema de Ayuda y Atención a la Dependencia a 31/12/2021

Catálogo de prestaciones del SAAD (art. 15 Ley 39/2006)  Beneficiarios con prestación 2021a  Coste medio unitario (€) estimado anual en 2021b  Gasto total certificado (millones €) en 2021c 
Prestaciones de servicio del SAAD
Prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal  62.214  3.974  247 
Teleasistencia  292.469  1.112  325 
Ayuda a domicilio  291.129  10.989  3.199 
Centros de día/noche  91.795  8.287  761 
Atención residencial  169.990  12.478  2.121 
Prestaciones económicas
Vinculada a servicio  170.517  6.755  1.152 
Para cuidados familiares  482.545  3.840  1.853 
Para asistente personal  8.546  5.399  46 

SAAD: Sistema de Ayuda y Atención a la Dependencia.

a

Fuente: Informe a 31/12/2021 del SISAAD, IMSERSO (2021)3.

b

Elaboración propia a partir del Informe de Servicios Sociales Dirigidos a Personas Mayores, IMSERSO (2020)24 y del gasto total certificado del año 2021 (IMSERSO 2021)3.

c

Elaboración propia a partir de las columnas anteriores.

Sobre estos datos se aplica la hipótesis general de que en el ejercicio 2023, último año del PCD, se cumplen los objetivos más inmediatos fijados en él y mencionados, también, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia2. En concreto, nos centramos en lo referente a las listas de espera, la generalización de la teleasistencia para todos los dependientes no institucionalizados y el incremento de la intensidad de los servicios de ayuda a domicilio; estas dos últimas medidas como primeras manifestaciones del principio de atención centrada en el paciente y permanencia en el domicilio.

Las principales premisas aplicadas en la proyección son:

  • Se ha partido del gasto certificado en prestaciones al cierre de 2021 distribuido por tipo de prestación conforme el IMSERSO3 (véase la tabla en el Apéndice online).

  • En relación con las listas de espera, se considera la implantación prácticamente plena, con la tramitación del 99% sobre las solicitudes totales del sistema, que sobre los nuevos expedientes representaría tener pendiente de tramitar en torno al 15% de los expedientes.

  • En las prestaciones que requieren diferentes intensidades por grado, se ha realizado una ponderación conforme a la distribución actual3: el 33,36% del grado I, el 37,54% del grado II y el 29,09% del grado III.

  • Para la valoración del coste medio/hora de los servicios en los que no existe referencia concreta de coste se ha considerado 22,73 €/hora, que el PCD1 toma como coste total por hora efectiva en el sector servicios (véase la tabla en el Apéndice online), que representa un incremento notable respecto a los datos de 202024.

  • En relación con la intensidad de los servicios a domicilio, también se considera que se cumple el objetivo del PCD de 38h/mes para el año 2023.

  • Para el resto de los servicios se han proyectado conforme a las tendencias observas desde 2015, año en que se incorporan al sistema todos los grados de dependencia (véase la tabla en el Apéndice online).

  • Para estimar los costes medios de los servicios, se han tomado del último informe publicado por el IMSERSO24, que han sido actualizados con un índice de precios al consumo del 2,5%.

Los resultados obtenidos de esta proyección de beneficiarios con prestaciones y coste medio unitario de las prestaciones se muestran en la tabla 2.

Tabla 2.

Proyección de la demanda del Sistema de Ayuda y Atención a la Dependencia en el año 2023

Catálogo de prestaciones del SAAD (art. 15 Ley 39/2006)  Beneficiarios con prestación  Coste medio (€) unitario  Demanda total (millones €) 
Prestaciones de servicio del SAAD
Prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal  99.912  4.098  409 
Teleasistencia  1.020.771  1.163  1.188 
Ayuda a domicilio  426.324  11.288  4.812 
Centros de día/noche  102.978  8.518  877 
Atención residencial  190.838  12.813  2.445 
Prestaciones económicas
Vinculada al servicio  262.157  6.948  1.821 
Para cuidados familiares  589.485  3.960  2.335 
Para asistente personal  13.369  5.558  74 

SAAD: Sistema de Ayuda y Atención a la Dependencia.

Fuente: elaboración propia.

Como resultado de esa demanda de servicios, suponiendo cumplidos los objetivos del PCD, con las hipótesis señaladas, los compromisos de financiación pública del SAAD alcanzarían los 13.962 millones de euros para el año 2023.

Impacto económico

El incremento de la demanda obtenido en el apartado anterior se incorpora, en la tabla input-output, según su naturaleza, conforme se describe en la tabla 3.

Tabla 3.

Distribución de la inversión del Plan de Choque en el año 2023 (millones de €)

Rama de servicios sociales de atención en establecimientos residenciales; servicios sociales sin alojamiento  11.553 
Rama de servicios de los hogares, como empleadores de personal doméstico; bienes y servicios no diferenciados producidos por hogares para uso propio  58 
Prestaciones económicas para cuidados familiares  1.025 

Fuente: elaboración propia.

En la rama de servicios sociales de atención se integra la parte correspondiente a prestación de servicios y prestaciones económicas vinculadas al servicio. Las prestaciones económicas para asistente personal, netas de retenciones, se incorporan a la rama de servicios de los hogares como empleadores. Y por último, las prestaciones económicas a favor de familiares cuidadores, netas de cotizaciones sociales, se ha supuesto que se integra en la economía familiar y se distribuye conforme el patrón de consumo de los hogares de los mayores de 65 años, según la Encuesta de Presupuestos Familiares25 para el año 2015, tal como muestra la tabla 4.

Tabla 4.

Distribución del gasto de los hogares de mayores de 65 años (millones de €)

Rama de actividad  Patrón de consumo25  Incremento de la demanda 
Alimentos, bebidas y tabaco  18,85%  193,21 
Vestido y calzado  3,82%  39,16 
Vivienda  31,38%  321,65 
Suministro de agua y otros servicios para la vivienda  3,60%  36,90 
Electricidad, gas y otros combustibles  4,90%  50,23 
Muebles, artículos y servicios para el hogar  5,11%  52,38 
Productos, aparatos y servicios médicos  4,65%  47,66 
Vehículos y transporte  6,57%  67,34 
Telefonía, audiovisuales, fotográficos y otros bienes para el ocio  3,69%  37,82 
Servicios recreativos, culturales y paquetes turísticos  3,11%  31,88 
Enseñanza  0,25%  2,56 
Restauración y alojamiento  5,98%  61,30 
Cuidado y efectos personales  2,84%  29,11 
Protección social y seguros  4,39%  45,00 
Otros servicios  0,86%  8,82 
Total  100%  1.025 

Fuente: elaboración propia.

Para mayor detalle sobre la incorporación del incremento de la demanda en las distintas ramas de actividad véase la tabla en el Apéndice online.

Como resultado de los incrementos de la demanda final, debidos a las inversiones realizadas durante el año 2023 para la implementación total del PCD, se obtienen impactos positivos en producción, en VAB y en empleo (tabla 5).

Tabla 5.

Impacto en producción, en valor añadido bruto (millones de €) y en empleo (tiempo completo equivalente)

  Directo+indirecto  Inducido  Total 
Impacto en producción  20.179  21.391  41.570 
Impacto en VAB  11.098  9.948  21.046 
Impacto en empleo  285.030  155.290  440.319 

VAB: valor añadido bruto.

Fuente: elaboración propia

En la tabla 6 se destacan las ramas que han experimentado un mayor impacto, en términos tanto absolutos como relativos. La tabla en el Apéndice online incluye todas las ramas de actividad.

Tabla 6.

Sectores más impacto: producción, valor añadido bruto (millones de €) y empleo (tiempo completo equivalente)

  Producción  Porcentaje del total 
Servicios sociales de atención en establecimientos residenciales y sin alojamiento  11.767  28,31% 
Comercio y reparación de vehículos  3.439  8,27% 
Servicios inmobiliarios  2.988  7,19% 
Productos alimenticios, bebidas, tabaco manufacturado  2.984  7,18% 
Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas  2.323  5,59% 
Servicios de transporte, correos y mensajería  1.633  3,93% 
Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado  1.473  3,54% 
Servicios profesionales, científicos y técnicos  1.201  2,89% 
Construcciones y trabajos de construcción  1.165  2,80% 
  VAB   
Servicios sociales de atención en establecimientos residenciales y sin alojamiento  7.653  36,36% 
Servicios inmobiliarios  2.574  12,23% 
Comercio y reparación de vehículos  1.903  9,04% 
Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas  1.330  6,32% 
Servicios de transporte, correos y mensajería  678  3,22% 
Servicios profesionales, científicos y técnicos  647  3,07% 
Servicios de seguridad e investigación y servicios de ayuda a las empresas  561  2,67% 
Productos alimenticios, bebidas, tabaco manufacturado  460  2,19% 
Construcciones y trabajos de construcción  459  2,18% 
  Empleo   
Servicios sociales de atención en establecimientos residenciales y sin alojamiento  221.663  50,34% 
Comercio y reparación de vehículos  51.627  11,72% 
Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas  24.772  5,63% 
Servicios de seguridad e investigación, y servicios de ayuda a las empresas  17.924  4,07% 
Servicios profesionales, científicos y técnicos  11.343  2,58% 
Servicios de asociaciones, reparación y otros servicios personales  11.175  2,54% 
Servicios de transporte, correos y mensajería  10.965  2,49% 
Servicios de los hogares, como empleadores de personal doméstico y para uso propio  10.393  2,36% 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  9.315  2,12% 

Fuente: elaboración propia.

Discusión

Los resultados de la proyección realizada ponen valor a los objetivos prioritarios descritos en el Plan para actualizar y mejorar el SAAD. Se estima una demanda de prestaciones y servicios para 2023 que representa unos requisitos de financiación pública de 13.961 millones de euros, un 1,08% del producto interior bruto, cifra aún lejos del 2% de media que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos destinan a los servicios de cuidados de larga duración los países de nuestro entorno.

Conviene señalar que para la estimación de la reducción de las listas de espera se ha optado por la hipótesis optimista de que al final del año 2023 se alcanzaría prácticamente la cobertura plena de los evaluados, objetivo que entendemos realizable, teniendo en cuenta que hay comunidades autónomas que están ya en el 98%. En lo relacionado con la valoración del coste de los servicios, y ante la dificultad de obtener información detallada de los servicios del SAAD y la heterogeneidad de las comunidades autónomas, se ha tomado una postura prudente. En este sentido, el incremento de la demanda estimado viene determinado principalmente por el aumento de las personas beneficiarias con prestación, y la priorización y mejora de determinados servicios; en ningún caso por un incremento en costes de los servicios por efectos inflacionarios. Una profundización en este aspecto es germen para futuras investigaciones.

La metodología input-output permite observar que el 56% de esa demanda adicional se centra en los sectores productores de servicios (tabla 6), sobresaliendo con un 28% el sector de servicios sociales de atención en establecimientos y sin alojamiento, seguido del comercio, los servicios inmobiliarios y alojamiento, y alimentación. Se mantiene la misma clasificación en términos de incrementos del VAB, con un 36,36% de aportación adicional del sector de servicios sociales y un 12,23% el sector de servicios inmobiliarios.

En cuanto a la creación de empleo, el 50% del creado es en el sector de servicios sociales, como era de esperar; los 285.000 empleos adicionales directos duplicarían los actuales, pero también salen favorecidos prácticamente en el mismo orden los sectores señalados en producción y VAB. Por último, con un total de 440.000 empleos adicionales entre directos, indirectos e inducidos, se favorece también el objetivo del PCD relacionado con el empleo.

Queda pendiente para investigaciones futuras la actualización a un marco macro más reciente, siendo deseable una tabla input-output pospandemia. Por otro lado, hay que incorporar el resto de los objetivos que establece el PCD, que aún se están concretando en acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales.

Por último, hay que señalar que, si bien este trabajo se ha realizado haciendo abstracción de la procedencia de los fondos públicos necesarios para la financiación de esos compromisos, es importante puntualizar que el proceso de envejecimiento de la población española induce a considerar que la demanda creciente de servicios y prestaciones del SAAD supondrá todo un reto para las cuentas públicas.

Disponibilidad de bases de datos y material para replica

Bases de datos fundamentales consultadas y resultados de la modelización en el Apéndice online.

¿Qué se sabe sobre el tema?

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las carencias del Sistema de Dependencia. Para reconducir la situación, el gobierno aprobó el Plan de Choque para la Dependencia 2021-2023, con objetivos claros de mejorar el alcance y la calidad del sistema. La modelización input-output nos permite analizar los impactos económicos del mencionado plan. Existen otros trabajos sobre los retos del Sistema desde su puesta en marcha en 2007, pero ninguno sobre este plan.

¿Qué añade el estudio realizado a la literatura?

Se cuantifica el incremento de demanda del Sistema, supuesto cumplido el Plan de Choque en 2023, a través de la inversión pública mínima requerida y su impacto económico en términos de producción, valor añadido bruto y creación de empleo.

¿Cuáles son las implicaciones de los resultados obtenidos?

Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de consolidar una financiación por encima del 1% del producto interior bruto y anticipan un horizonte creciente de demanda de servicios e inversiones, en línea con los países de nuestro entorno del 2% según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Editor responsable del artículo

Miguel Ángel Negrín Hernández.

Declaración de transparencia

La autora principal (garante responsable del manuscrito) afirma que este manuscrito es un reporte honesto, preciso y transparente del estudio que se remite a Gaceta Sanitaria, que no se han omitido aspectos importantes del estudio, y que las discrepancias del estudio según lo previsto (y, si son relevantes, registradas) se han explicado.

Contribuciones de autoría

C. Ramírez-Pérez ha concebido el artículo, realizado la búsqueda de información y el análisis de los datos, y escrito las sucesivas versiones. A. Cámara ha participado en la revisión bibliográfica. Ambas autoras han colaborado de forma paritaria en la modelización estadística, la revisión del texto y la aprobación de la versión definitiva.

Financiación

Ninguna.

Conflictos de intereses

Ninguno.

Bibliografía
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