Mejorar las competencias de natación, seguridad acuática y autorrescate es una de las intervenciones prioritarias de la estrategia mundial1. Sin embargo, saber desplazarse nadando no equivale por sí solo a estar protegido frente al ahogamiento. El concepto de competencia acuática es más amplio e integra no solo habilidades para desenvolverse en el agua, sino también competencias para afrontar diferentes entornos y situaciones, reconocer y valorar riesgos, evaluar las propias capacidades, realizar un rescate seguro y desarrollar actitudes y valores relacionados con la seguridad acuática5. La capacidad para nadar constituye, por tanto, uno de sus componentes y no un sinónimo de competencia acuática.

La relación entre competencia acuática y actividad física merece también atención. La participación en actividades acuáticas se ha asociado con un mayor desarrollo de estas competencias, mientras que factores como el nivel socioeconómico y el lugar de residencia pueden condicionar el acceso6. Es plausible que una menor competencia limite, a su vez, la participación posterior en algunas actividades físicas y recreativas acuáticas, aunque esta relación ha sido menos estudiada. Las desigualdades de acceso podrían afectar así tanto a la seguridad como a las oportunidades de actividad física y ocio acuático.

Sin embargo, recomendar la adquisición de estas competencias obliga a considerar si las oportunidades para aprender se distribuyen de manera equitativa.

La competencia acuática no es en sí misma un determinante social de la salud, pero las oportunidades para adquirirla están condicionadas por factores sociales y contextuales. Una revisión sistemática identificó asociaciones entre el desarrollo de competencia acuática durante la infancia y factores como el nivel socioeconómico, el lugar de residencia, el tipo de escuela, la discapacidad y la frecuencia de participación en actividades acuáticas, aunque la calidad global de los estudios fue moderada y el riesgo de sesgo era elevado6.

La evidencia europea muestra también desigualdades en la capacidad para nadar. En el estudio poblacional alemán KiGGS, que incluyó 9750 niños y adolescentes de 5 a 17 años, el 14,5% no sabían nadar. Los menores de familias con bajo nivel socioeconómico presentaban una probabilidad considerablemente mayor de no saber nadar que aquellos de nivel alto, y también se observaron diferencias según los antecedentes migratorios familiares7. Estudios realizados en Suecia han identificado igualmente desigualdades socioeconómicas y sociodemográficas en la capacidad para nadar durante la infancia8,9.

Estos hallazgos cuestionan los enfoques basados exclusivamente en la responsabilidad individual. Aprender a nadar y adquirir competencias de seguridad acuática requiere oportunidades: instalaciones disponibles, programas accesibles y asequibles, y condiciones familiares y educativas que permitan participar en ellos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la pobreza y la desigualdad entre los factores relacionados con el riesgo de ahogamiento, y subraya la importancia de ampliar la cobertura de las intervenciones preventivas4.

La experiencia internacional muestra que las políticas públicas pueden modificar estas oportunidades y que la educación acuática escolar puede reducir algunas barreras de acceso. La evaluación poblacional del programa neozelandés Water Skills for Life mostró una elevada cobertura entre escolares de áreas socioeconómicamente desfavorecidas, ilustrando el potencial de los programas escolares para alcanzar a poblaciones que pueden encontrar barreras para acceder a programas comerciales10. En Nueva Gales del Sur, un programa de vales para facilitar clases de natación a niños pequeños mostró beneficios económicos superiores a sus costes y resultados consistentes entre distintos grupos socioeconómicos11. Aunque no sean directamente extrapolables a España, estas experiencias muestran que el acceso a competencias acuáticas puede abordarse mediante políticas públicas y no solo como responsabilidad familiar.

La relación entre migración, competencia acuática y riesgo de ahogamiento exige una interpretación cuidadosa. Las poblaciones migrantes son heterogéneas y no puede presuponerse una menor competencia acuática por razón del origen. Sin embargo, la OMS identifica a migrantes y personas refugiadas entre las poblaciones que pueden presentar mayor riesgo de ahogamiento, tanto por determinadas exposiciones asociadas a los procesos migratorios como, una vez en el país de destino, por la falta de familiaridad con los nuevos entornos acuáticos y, en algunos casos, por menores competencias de natación y seguridad acuática4. Estas vulnerabilidades no son inherentes a la condición migratoria, sino que dependen de trayectorias vitales, oportunidades previas de aprendizaje y condiciones sociales posteriores.

Tras la migración, las oportunidades para adquirir estas competencias pueden verse condicionadas por barreras económicas, territoriales, lingüísticas o culturales. Estudios australianos han identificado dificultades de acceso a clases de natación en comunidades culturalmente y lingüísticamente diversas12, mientras que algunas estrategias incorporan educación multilingüe, ayudas económicas y programas dirigidos a poblaciones con menor acceso11,13. La evidencia sobre la influencia del origen migratorio, la lengua o el contexto cultural sigue siendo limitada6.

Un estudio cualitativo en población migrante adulta mostró que las experiencias previas con el agua, las normas culturales y las barreras para aprender a nadar condicionan las actitudes y los comportamientos relacionados con el riesgo, y señala la necesidad de estrategias de prevención contextualizadas y culturalmente adaptadas14.

La medición del estatus migratorio presenta dificultades metodológicas. Una revisión publicada en Gaceta Sanitaria mostró una considerable heterogeneidad en su medición en estudios europeos sobre salud y desigualdades en población infantil y juvenil, y recomendó considerar variables como el país de nacimiento de los menores y de sus progenitores15. Utilizar únicamente la nacionalidad puede ofrecer una imagen incompleta.

En España, la información disponible no permite establecer si existe un mayor riesgo de ahogamiento asociado al origen migratorio. El Ministerio de Sanidad identifica entre los factores de riesgo la falta de familiaridad de algunos visitantes con las particularidades de las aguas locales, lo que refuerza la importancia del conocimiento del entorno, pero este fenómeno no puede equipararse a la condición migratoria2.

Esta ausencia de información debería formar parte de la agenda de investigación. Antes de identificar poblaciones vulnerables necesitamos medir adecuadamente las desigualdades y comprender los mecanismos que las generan.

Considerar la competencia acuática desde una perspectiva de equidad no significa asumir que su adquisición sea suficiente para prevenir los ahogamientos ni que deba priorizarse frente a otras intervenciones. La adquisición de habilidades natatorias debe acompañarse de conocimientos sobre los riesgos, capacidad de autorrescate y valoración realista de las propias capacidades. Además, las intervenciones ambientales y regulatorias, la supervisión infantil, la vigilancia y el salvamento, y la formación en rescate y reanimación, actúan sobre dimensiones del problema que la competencia individual no puede resolver1,4.

El debate no debería plantearse entre desarrollar competencias acuáticas o crear entornos seguros. El propio marco de la OMS propone actuar simultáneamente sobre personas, lugares y contextos, seleccionando las intervenciones según la etapa vital, los riesgos y las características de cada entorno1.

La cuestión de equidad surge cuando una intervención considerada relevante depende fundamentalmente de recursos privados. Si adquirir competencias acuáticas forma parte de la prevención, cabe preguntarse qué responsabilidad corresponde a los sistemas educativo, deportivo y de salud pública para garantizar oportunidades de aprendizaje accesibles, y si estas deberían ofrecerse universalmente, reforzando los apoyos allí donde las necesidades y las barreras sean mayores.

El sistema sanitario, y en especial la atención primaria, puede desempeñar un papel relevante en la prevención de los ahogamientos mediante el consejo preventivo, la identificación de situaciones de vulnerabilidad y la colaboración con iniciativas comunitarias, siempre integrado dentro de una estrategia poblacional y multisectorial.

La nueva estrategia mundial ofrece una oportunidad para revisar las políticas españolas de prevención incorporando una perspectiva de equidad1. Necesitamos conocer no solo cuántas personas mueren y dónde se producen los ahogamientos, sino también quiénes tienen menos oportunidades para adquirir competencias acuáticas y qué barreras explican estas diferencias y cómo pueden reducirse.

Decir a las personas que aprendan a nadar es sencillo. Garantizar que todas tengan la oportunidad de adquirir competencias para desenvolverse con seguridad en el agua es una responsabilidad colectiva más compleja. Aprender a nadar no debería ser un privilegio.

M. Romaguera Bosch, M. Sarmiento Cruz y F. Alòs Colomer han participado en la concepción y el diseño del artículo, en su escritura y revisión crítica, y en la aprobación de la versión final para su publicación. Todas las partes que integran el manuscrito han sido revisadas y discutidas entre los autores, con la finalidad de garantizar la precisión y la integridad de su contenido.

Durante la preparación de este trabajo, los autores utilizaron ChatGPT (OpenAI) como apoyo para la mejora de la redacción y del estilo del manuscrito. Tras utilizar esta herramienta, los autores revisaron y editaron el contenido según fue necesario, y asumen la plena responsabilidad sobre el contenido final del artículo.

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